octubre 13, 2024
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La Ciudad y Nación ultiman detalles por el traspaso de 31 líneas de colectivos

El acuerdo será firmado mañana en Casa Rosada, con el objetivo de garantizar una transición ordenada del sistema de transporte porteño aunque todavía persisten algunas disputas por subsidios y coparticipación.

El gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron un principio de acuerdo para oficializar el traspaso de 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en el territorio porteño. El convenio, que se rubricará mañana en Casa Rosada por el Presidente Javier Milei y el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, busca asegurar una transición ordenada en la gestión del transporte público.

El acto de firma del Acta Acuerdo se realizará a las 11 de la mañana y pretende postergar un aumento inminente en el boleto y evitar posibles conflictos laborales que afectarían el servicio. El pacto surgió de un puente de diálogo establecido entre los equipos de la Secretaría de Transporte del ministro de Economía, Luis Caputo, y los funcionarios de la administración de Macri, extendiéndose hasta el fin de semana.

La transferencia de competencias implica que la Ciudad pasará a definir recorridos, frecuencias y tarifas de las líneas en cuestión. Según fuentes del gobierno porteño, “si finalmente hay entendimiento entre ambos gobiernos podría postergarse la discusión tarifaria del boleto para más adelante y por el momento no habría modificación de la tarifa que pagan los pasajeros”.

El convenio permitirá un período de transición de hasta seis meses para evitar cambios abruptos en la gestión del transporte, algo que el gobierno nacional intentaba impulsar con celeridad. La medida también se enmarca en un decreto del Ejecutivo Nacional que modifica la normativa vigente desde 1994, cuando la gestión del transporte porteño pasó a la órbita nacional.

Un punto clave del acuerdo es la disputa por los subsidios de $8.500 millones necesarios para compensar la diferencia entre el costo real del boleto y lo que efectivamente pagan los usuarios. Actualmente, CABA financia el 55% de estos subsidios, mientras que Nación aporta el 45% restante. Caputo ha advertido que desde septiembre dejará de transferir esos fondos, en un intento de igualar la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la del interior del país, donde se eliminaron los subsidios en febrero.

En la Ciudad, el costo real del boleto asciende a $863, de los cuales el usuario abona $371; los restantes $492 se cubren mediante subsidios compartidos entre Nación y CABA. El acuerdo apunta a evitar que el pasaje aumente a $642, lo cual podría provocar una reducción del servicio por parte de las empresas.

Otro frente de conflicto es la diferencia en los subsidios entre las líneas locales y las 103 líneas nacionales del AMBA, que tienen cabeceras tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires y seguirán recibiendo aportes del gobierno nacional. Esto podría generar una disparidad tarifaria dentro de la misma ciudad, una preocupación expresada por las empresas del sector.

El traspaso también afecta al sistema de descuentos de la Red SUBE, por el que la Ciudad tendría que asumir un gasto adicional de $1.500 millones mensuales para mantener el beneficio en las líneas transferidas. Este subsidio, que permite descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercero dentro de un período de dos horas, ha sido eliminado recientemente para los colectivos que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires debido a la negativa de CABA de cubrir los fondos retirados por Nación.

El ministro Caputo justificó la eliminación de subsidios afirmando que busca “igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia”, con un objetivo de ahorro total de $15.000 millones mensuales.

El acuerdo no está exento de la disputa más amplia por la coparticipación. A raíz de un fallo de la Corte Suprema, el Ministerio de Economía comenzó a transferir $20.000 millones semanales a CABA, aunque la administración de Jorge Macri reclama una deuda acumulada de $5 billones por fondos no girados en los últimos cuatro años.

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