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Las familias del edificio Santa Cruz 140 protestaron en el IVC

Las familias que habitan en el edifico de la calle Santa Cruz 140 en el barrio de Parque patricios y que están en riesgo de desalojo inminente se movilizaron hasta la sede del Instituto de la vivienda (IVC) (ubicado en la calle Dr. Finocchietto 435 a menos de 20 cuadras) solicitando ser escuchadas por el Presidente Juan Maquieyra, lamentablemente esto nunca ocurrió y los vecinos volvieron pacíficamente a sus viviendas, pero la preocupación aumenta hora tas hora. este nunca nos recibió para solucionar el problema habitacional que padecemos. Es público que el Gobierno porteño planea desalojar el edificio de Santa Cruz 140, a metros de la ex cárcel de Caseros frente al Parque Ameghino, en donde viven 100 familias. En caso de ocurrir el desalojo, será uno de los más masivos y dramáticos de la historia reciente. Son Aaproximadamente 400 personas que quedarán en la calle, de los cuales 131 son menores de edad (90 son menores de 13 años, y 15 menores de dos años). En este edificio funcionó la fábrica textil SELSA, que en la década de 1990, cuándo la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, solo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado, y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.  En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado, y las familias que allí vivían intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron.  Con todos sus habitantes dentro, fue finalmente comprado por $1.550.000 pesos por Leonardo Ratuschny, quién inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo.  Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares. En una simple búsqueda por internet aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales. Desde entonces, las familias continuaron llevando adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) para ingresar en las operatorias de la Ley N° 341 y sus créditos, conformados como Cooperativa Papa Francisco, pero sin respuesta favorable por parte del gobierno. Funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron que ésta estaba desmantelada, desfinanciada, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que actualmente tienen viviendas en proceso de construcción. A pedido de los habitantes, en el año 2015, se organizó una audiencia con la participación de Ratuschny y el IVC con la finalidad de llegar a un acuerdo de venta. Ratuschny valuó el edificio en $30.000.000. En ese momento el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo valuaba $8.000.000, y una inmobiliaria de la zona en $15.000.000. Por supuesto que no se pudo arribar a un acuerdo.

 

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