agosto 10, 2022
Opinión

¿Por qué hay más inflación de alimentos?

Por Natalia Aruguete

«Argentina tiene posibilidades agroecológicas para producir una gran diversidad de alimentos y productos», afirma Carlos León.

En el reportaje de Cash a Carlos León, integrante de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios «Ing. Horacio Giberti», Facultad de Filosofía y Letras (UBA), el especialista analizó las implicancias económicas, sociales y ambientales del proceso de concentración en el sector agropecuario y propuso una serie de instrumentos para revertir la desaparición de las pequeñas explotaciones agropecuarias y el consecuente despoblamiento rural.

Señala que el Censo 2018 registró 250.881 explotaciones, mientras que en 2002 eran 333.533, lo que implicó la desaparición del 25 por ciento de unidades productivas. Explica que el nivel de los precios actuales de frutas y hortalizas tiene relación con la retracción en la oferta productiva y, durante el gobierno anterior, además se incrementó la importación en desmedro de la producción nacional.

La guerra contra la inflación declarada por el gobierno de Alberto Fernández y la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja como un instrumento que permite controlar los precios domésticos, vuelve a poner sobre la mesa del debate una problemática estructural del sector: la concentración de la estructura agraria y la polarización de la producción, con consecuencias sobre el despoblamiento rural y la desaparición de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. 

Más de 50 expertos en esta problemática analizaron y compararon los resultados de los Censo Nacional Agropecuario 2018 y 2002. Este trabajo colectivo se realizó en el marco de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios «Ing. Horacio Giberti». Esta tarea permitió sistematizar las transformaciones agrarias comprendidas en este período de dieciséis años, publicadas en el libro La argentina agropecuaria vista desde las provincias, por un esfuerzo conjunto con IADE y Realidad Económica. 

Carlos León, integrante de la Cátedra Giberti, dialogó con Cash sobre las implicancias económicas, sociales y ambientales de este proceso de concentración y propuso una serie de instrumentos para revertir la desaparición de las pequeñas explotaciones agropecuarias y el consecuente despoblamiento rural.

– ¿Cuáles son los cambios más relevantes que surgen de esa investigación?

– Uno de ellos es la profundización del proceso de concentración económica. Un indicador relevante de este proceso es la reducción de las explotaciones agropecuarias, agravado desde la década de 1990 con la sanción del decreto 2284 de Desregulación Económica. Esa norma apuntó contra la regulación del Estado en las cadenas de base agropecuaria. Por caso, disolvió organismos reguladores como la Junta Nacional de Granos, de Carnes y otros que intervenían en las cadenas de las economías extrapampeanas.

– ¿Qué impacto tuvo la disolución de la Junta Nacional de Granos?

– El retiro del Estado en su rol de regulación del comercio exterior de granos significó, por una parte, el descuido en el control de los precios de referencia para el comercio exterior dando libertad para operar a unas pocas corporaciones exportadoras. Por otra parte, desmantelar el soporte estatal de apoyo a la producción de la pequeña y mediana producción de granos. Una consecuencia de esa liberalización del comercio exterior es la subfacturación que reiteradamente es mencionada en esta operatoria.

– ¿En qué consistía el apoyo a la pequeña producción?

– El Estado establecía precios sostén, es decir un precio mínimo al cual debía comprar la industria o el sector exportador. La Junta Nacional de Granos, que funcionaba también como una exportadora importante, podía comprar la producción a los pequeños y medianos productores a ese precio sostén. Otro mecanismo de apoyo que también fue eliminado fueron los “Planes Canje”, una especie de crédito mediante el cual la Junta Nacional de Granos adelantaba los insumos a los productores, que lo devolvían en el momento de la cosecha.

Desprotección de la pequeña producción

– Los actuales reclamos de los pequeños productores tienen muchos puntos de contacto con la eliminación de esas herramientas regulatorias.

– Las políticas de desprotección de la pequeña producción fueron una causa central de la concentración de la producción en las distintas cadenas agropecuarias, en modalidades como los fondos de inversión agropecuarios y pools de siembra y de su contracara, la desaparición sostenida de las pequeñas y medianas explotaciones que se quedaron sin el sostén del Estado. Los grandes productores cuentan con dos ventajas. Por un lado, contratan los servicios agrícolas a menores precios y, por otro, negocian un mejor precio de venta de sus productos con los dos destinos finales: la industria y la exportación.

– Los sectores más concentrados atribuyen las causas de este proceso a la revolución tecnológica que deja afuera a los pequeños productores. ¿Qué piensa de este argumento?

– La desaparición de la pequeña y mediana explotación agropecuaria no tiene nada que ver con la revolución tecnológica, dado que ellos conocen y dominan perfectamente esa tecnología: utilizan semilla mejorada, fertilizantes o herbicidas, entre otros. El problema es económico y financiero. En parte, nuestra investigación muestra que, en las últimas dos décadas, el sector asistió a un crecimiento sin desarrollo social y económico.

– ¿Qué casos concretos ilustran la forma que tomó este crecimiento?

– Por ejemplo, desde los años 1996-1997, la producción de soja se multiplicó por 5 o 6. Ese crecimiento se dio en paralelo al desplazamiento de la pequeña producción y a la disminución en el número de asalariados. Y, por si ello fuera poco, la población tiene hoy más problemas para acceder a distintos alimentos.

Expansión de los grandes productores

– ¿A qué se refieren cuando afirman que la estructura agraria se ha polarizado?

– A pesar de la inexactitud de la información del CNA2018, dados los problemas de cobertura, puede observarse una profundización de la polarización de la estructura agraria. Así, por ejemplo, considerando la totalidad de las explotaciones agropecuarias empadronadas, el Censo 2018 registró 250.881 explotaciones; en 2002 eran 333.533, es decir que desapareció el 25 por ciento (82.652 explotaciones).

Concretamente, el pequeño y el mediano fue desapareciendo como productor agropecuario en las últimas décadas y pasó a vender o alquilar su explotación a terratenientes y pools de siembra, que explotan otras tierras además de la suya. Quedó conformada una estructura agraria con pequeños productores que producen en poca extensión de tierra y un pequeño porcentaje de grandes productores que concentran gran cantidad de superficie y, por lo tanto, de la oferta productiva.

– ¿Cuáles son las proporciones aproximadas de esa disparidad en pequeños y grandes productores?

– En la primera década de este siglo, en 2008/2009, había aproximadamente 75.000 productores sojeros. De estos, el 80 por ciento con menos de 300 hectáreas producía el 17 por ciento del total de soja. Mientras que sólo 4 por ciento de estos productores de más de 1500 hectáreas cada uno producía el 60 por ciento del total. Hoy son menos de 50.000 productores. La desaparición de la pequeña y mediana explotación se da prácticamente en todo el país, no solo en las actividades de secano, como en la producción de granos, sino también en áreas de regadío. En Río Negro, por ejemplo, desapareció el 36 por ciento de los productores frutícolas en la última década.

– Una problemática que analizan en el libro es la explotación del suelo, concentrada en pocos rubros extensivos con bajo valor de producción por hectárea. ¿Qué efectos productivos ha tenido?

– La concentración económica no se da bajo cualquier modalidad productiva. Argentina tiene posibilidades agroecológicas para producir una gran diversidad de alimentos y productos. Sin embargo, la mayor parte del Producto Bruto Agropecuario y la mayor parte del valor de la exportación se da en función de cinco o seis rubros extensivos.

El  Censo 2018 muestra una agudización de esta situación: el 70 por ciento de la superficie implantada en el país es con oleaginosas y cereales (soja, maíz y, en menor medida, trigo y girasol). El 20 por ciento restante son forrajeras, que se utilizan para la alimentación animal.

En definitiva, el 90 por ciento de lo que se cultiva está concentrado en actividades extensivas, que no sólo tienen bajo valor de producción por hectárea, sino que, además, demandan muy poco trabajo. Apenas el 10 por ciento de la superficie implantada corresponde a actividades intensivas, como frutas, hortalizas, cultivos industriales, bosques.

Producción y precios de los alimentos

Imagen: Verónica Bellomo

– ¿Qué impacto económico tiene esta reducción de los cultivos intensivos?

– Hay cultivos industriales cuya superficie se ha estancado o ha disminuido, como la yerba mate y el algodón. Lo mismo ha ocurrido con la fruticultura en distintas regiones. En el caso de las hortalizas, la disminución de la superficie es más intensa. Y como la Argentina tiene varios millones más de habitantes que en 2002, esto significa una disminución importante en términos de producción per cápita en la mayor parte de los cultivos intensivos.

– ¿Qué relación existe entre esta disminución de la producción y los precios de los alimentos?

– Ciertos alimentos tienen precios relativos muy altos comparándolos con series cronológicas anteriores. Creo que el caso más relevante y del que se habla a diario es el de alimentos frescos como frutas y hortalizas. El nivel de los precios actuales tiene relación con la retracción en la oferta productiva. Incluso, en estos rubros, durante el gobierno anterior se incrementó la importación en desmedro de la producción nacional.

– ¿Cuáles son esos valores de importación?

– Hay un trabajo de Javier Rodríguez y M. González sobre la importación de frutas y hortalizas durante el gobierno anterior. Sólo en 2016 se importaron, entre otros, aproximadamente 3000 toneladas de manzanas, 4000 toneladas de naranjas, 2000 toneladas de tomate fresco y 11.000 toneladas de zanahoria.

Desmonte y cambio climático

– ¿Cuáles son las implicancias ambientales de la expansión de la frontera agropecuaria?

– El aumento de la producción de estos cuatro o cinco granos principales fue posible por una expansión de esa frontera hacia el Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA). Se desmontó una importante superficie del bosque nativo y se reemplazaron una parte de los cultivos intensivos existentes. Por ejemplo, se redujo la superficie de algodón y avanzó el cultivo de soja en la zona del Chaco y Formosa. El equipo que trabajó en el análisis del Censo de Santiago del Estero -cuyo capítulo integra este libro colectivo- mencionó que, en veinte años, se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, fundamentalmente en el NOA y el NEA. Hoy es una superficie actualmente dedicada a granos o ganadería.

– ¿Qué relación tiene el desmonte en los cambios extremos del clima en Argentina?

– El bosque natural es una masa de absorción de agua muy importante que va al acuífero. Si eso se desmonta el agua no se absorbe, sino que corre y puede producir inundaciones aguas abajo. El caso extremo es el Amazonas, donde se ha desmontado en tal magnitud que se perdió la evapotranspiración de esas masas forestales, que eran la fuente de las lluvias y de alimentación de aguas subterráneas. Si bien no podemos negar absolutamente la necesidad de desmontar en algunas ocasiones, si el avance de la frontera agropecuaria para cultivar no se hace con pautas muy racionales puede generar un impacto ambiental negativo importante.

– ¿Qué espacio hay para revertir este estado de situación?

– Es posible atenuar este proceso con instrumentos de política pública utilizados en distintas partes del mundo. Así, por ejemplo, el Gobierno contaba con un proyecto muy interesante como la intervención de Vicentin, para luego disponer de una empresa pública que pudiera controlar, de alguna forma, la comercialización.

Ese proyecto lamentablemente no se concretó. Otro instrumento de política es La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que proponía, entre otras cuestiones, la creación de un banco de tierras públicas para el acceso de pequeños productores. Esta norma, sancionada en 2014, aún no se reglamentó. Otro es la segmentación de retenciones, que reduciría los derechos de exportación para la pequeña producción. Se aplicó en la campaña 2019-2020 para la soja, lo que permitió tener rentabilidad positiva a los pequeños productores.

Es necesario continuarlo y no sólo para soja. Por último, no se entiende por qué no existe un plan nacional de diversificación productiva que incentive la producción de cultivos intensivos, como la frutihorticultura o los cultivos industriales. Lo que estoy mencionando no significa implementar una reforma agraria, sino utilizar instrumentos de política pública tendientes a atenuar el proceso de concentración y despoblamiento rural.

Fuente: Página12

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