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enero 19, 2021
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Una polémica y cuestionable decisión judicial

Avaló el suministro de dióxido de cloro a un paciente Covid positivo

Las situaciones complejas se multiplican así como la cantidad de casos de Coronavirus en todo el país.

En los últimos días sorprendió sobremanera que un Juez Federal Subrogante, el Doctor Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial 7, hiciera lugar a un tratamiento con dióxido de cloro para un paciente afectado por el Covid-19 en grave estado.

El pedido fue presentado por un familiar de Jorge García Rúa-de 92 años-internado en el Sanatorio Otamendi, de CABA. Al respecto, el Magistrado, señaló: “La cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida”.

La decisión judicial fue rechazada por los integrantes de la comunidad médica de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades del reconocido establecimiento médico apelaron la medida, en tanto que los profesionales de la salud del mencionado nosocomio del barrio de Recoleta, acordaron no suministrar una sustancia como el dióxido de cloro que no cuenta con el aval del ANMAT, como tampoco llevar a cabo las nebulizaciones de ibuprofenato de sodio-práctica que aún no cuenta con el respaldo científico correspondiente-.

El neurocirujano, Dante Converti,-médico personal de Rúa- realizó las recomendaciones acerca de cómo continuar con el tratamiento, de acuerdo con su saber, entender  y además, se ocupó de suministrarle las dosis de las sustancias indicadas.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, luego expresar su total  apoyo a los médicos del Otamendi, en un tramo del comunicado dado a conocer a la opinión pública, expresó: “La justicia no debe obligar a los doctores a recetar una sustancia que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacionales e internacionales, ni aval de la comunidad científica”.

En otro pasaje del texto publicado, se manifiesta, que: “Solicitamos a las autoridades competentes otorguen seguridad profesional y garantía jurídica a los médicos para que puedan actuar con la libertad que otorga trabajar con la medicina basada en la evidencia científica, y para que se frene la judicialización de la medicina sin razones coherentes”.

Finalmente Jorge García Rúa falleció en las últimas horas, su esposa había muerto el seis de enero pasado.

Por su parte, el abogado de la familia, Martín Sarubbi, anunció, que: “Van a denunciar al Sanatorio Otamendi por negarse a suministrar el dióxido de cloro, como así también por la presunta responsabilidad en un homicidio culposo…”

Por TU BARRIO EN LA WEB

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