En una acción judicial de suma relevancia, llevada a cabo el jueves 26 de octubre, un centro de estética situado en Villa Urquiza, específicamente en la calle Pedro Rivera al 5700, fue objeto de una clausura determinante. La Fiscalía PCyF N° 11, encabezada por la fiscal María Valeria Massaglia, tomó medidas contundentes tras la detección de múltiples irregularidades en una exhaustiva inspección.
El responsable de dicho establecimiento ha sido imputado por su presunta implicación en la fabricación y comercialización irregular de aparatología de uso médico, cuya utilización conlleva riesgos considerables. Estos equipos no contaban con la debida autorización por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ni del Ministerio de Salud. Esta acción se enmarca en una infracción al artículo 201 del Código Penal.
La inspección, que estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Contra La Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Frontera del Ministerio de Salud de la Nación, la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (DGFyC), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), reveló una serie de irregularidades preocupantes.
En este sentido, se constató que el centro de estética carecía de la debida habilitación para operar. Además, se encontraron extintores vencidos en las instalaciones, lo que constituía una seria amenaza para la seguridad. También, se notó la coexistencia de viviendas en el mismo edificio, lo cual violaba las normativas pertinentes.
Por su parte, la ANMAT, entidad encargada de regular la fabricación y comercialización de dispositivos médicos, confirmó que el establecimiento no poseía autorización para llevar a cabo ninguna de estas actividades. La maquinaria producida en el lugar, destinada a tratamientos médicos, también se encontraba en situación irregular.
En consecuencia, se procedió al secuestro de los equipos hallados en el establecimiento con el fin de realizar pericias pertinentes y recabar documentación que acredite la comercialización de estos dispositivos. Simultáneamente, se ejecutó la clausura administrativa del centro de estética y se ordenó la inmovilización de los equipos que se encontraban en su depósito.
Esta medida cautelar tiene como objetivo garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes en relación a la fabricación y comercialización de equipos médicos. Los riesgos asociados a la utilización de dispositivos no autorizados son una preocupación fundamental para las autoridades competentes, y se espera que este caso sirva como ejemplo de la importancia de la regulación y supervisión adecuadas en el ámbito de la salud.
Por Visión Porteña
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