El nuevo gobierno nacional ha desatado una controversia de mucha tensión que gira en torno al precio a pagar por la provisión de servicios esenciales como el agua, el gas y la electricidad.
Desde el punto de vista oficial la situación esta sintetizada en una frase de corte netamente comercial, sin considerar el carácter público de los mismos: el servicio sale tanto, si podés pagar lo que pide “el mercado” bien, sino no tenes servicio.
Esta postura está enfrentada radicalmente con la concepción que se discute en todo el mundo desde hace 40 años acerca de si los servicios básicos, sobre todo el agua, son un derecho humano y no una mercancía.
En un continente que tiene muy escasa disponibilidad del recurso como Europa, ha prosperado una iniciativa ciudadana que considera al agua un derecho humano inalienable y ha reclamado a la Unión Europea garantizar a todos los habitantes el disfrute del suministro y gestión de los recursos hídricos, excluyéndolo de la categoría de producto comercial.
El reclamo es respaldado por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública.
La vida es la reina de la naturaleza
La lógica del sistema mercantil es que a todo lo que existe, se le puede imponer la razón de que es un negocio, que todo es una mercancía vendible y debe producir las mayores ganancias posibles. No importa si el faltante de ese bien, en estos casos esenciales, pone en riesgo una supervivencia digna. Si observamos que en el mundo existen 1100 millones de personas que no tienen acceso al agua podemos decir que el mercado es un gran planificador de desastres.
Cosificar la vida, determinar que todo es una mercancía y apropiarse en forma particular de los recursos de todos, no es la mejor fórmula para vivir en comunidad.
El agua es vida y es un derecho de toda la naturaleza. No es una mercancía. No es objeto de apropiación privada. Pertenece al bien común universal. Por ello, tiene que estar en manos públicas y comunitarias.
La Nación y las provincias suscribieron en 2003 el denominado Acuerdo Federal del Agua, estableciendo los principios de la Política Hídrica de la Argentina. El objetivo: “la creación de una base jurídica sólida, una gestión eficiente y sustentable de los recursos “para todo el país” y “todos sus habitantes”.
En la actual gestión, se está impulsando la imposición de un criterio comercial en el consumo del agua, tal vez para seducir inversores transnacionales que vuelvan a tomar el control privado del servicio con la promesa de inversiones, tal como sucedió en los años noventa con gestiones que resultaron un fracaso.
Los procesos de mercantilización y privatización del agua, fueron impulsados mundialmente por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs – Banco Mundial ) al servicio de grandes empresas transnacionales y provocaron que más de una sexta parte de la población mundial no tenga acceso al agua. Frente a esta situación, los movimientos sociales declararon el agua como un derecho de las personas y los ecosistemas, que debe ser gestionado exclusivamente desde la esfera pública y con criterios de equidad social.
Declaración de Naciones Unidas
Hace mucho tiempo, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento: «El derecho al agua es indispensable para una vida humana digna, cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.
“El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico para beber, para el saneamiento personal, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. Son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas “.
El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos y sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, porque no es una mercancía.
Las Naciones Unidas también han reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, incluyendo el servicio de electricidad y gas pues hacen a la vida misma y sostiene en documentos oficiales, que no existe dignidad para el ser humano si sus derechos están conculcados. En tal sentido, la energía eléctrica y el gas son derechos básicos que no deben tener carácter comercial.
Este debate lo debe llevar adelante toda la ciudadanía porque en caso de prosperar la visión mercantilista del gobierno actual, muchos ciudadanos verán cercenados estos importantes derechos básicos de vida.
Milei en este y otros temas, atrasa 40 años y puede producir mucho sufrimiento.
