9 de agosto de 2021
Según el presupuesto 2021, el dinero para invertir en los barrios populares para la reintegración, integración y transformación de Villas es de 4.430 millones de pesos.
Repartido en trimestres tendrían para gastar la cuarta parte que serían unos 1.100 millones de pesos y hasta ahora sólo se comprometieron 577 millones, de los cuales se gastaron 349 millones de pesos.
Nancy Bolaño, comunera por el Frente de Todos, denuncio esta irregularidad en el presupuesto destinado para el Barrio Playón de Chacarita.
La Ley 5799 obliga al Instituto de Vivienda de la Ciudad a consensuar el proyecto con los vecinos a través del Protocolo de la Mesa de Gestión Participativa (MGP) del Barrio, creada por la misma norma, siguiendo una serie de pasos.
El barrio está emplazado en terrenos lindantes con la estación Federico Lacroze del ferrocarril Urquiza y se encuentra delimitado por las calles Fraga, Teodoro García, Céspedes y la avenida Triunvirato. Allí viven más de 2764 personas en 513 viviendas, distribuidas en nueve manzanas, según datos del censo realizado por el IVC en 2016.
El proyecto de obras en el barrio nace de la ley de integración social y urbana de Playón de Chacarita, que fue trabajada con los vecinos en las mesas de gestión participativa y contempla la mejora de 300 viviendas del sector histórico del barrio, la construcción de 678 viviendas nuevas de dos, tres y cuatro ambientes, y dúplex de cinco ambientes, distribuidas en 33 módulos habitacionales, y la dotación de infraestructura básica como agua corriente, electricidad, cloacas y pluviales.
Las viviendas nuevas están distribuidas en cuatro manzanas, que están ubicadas en dos terrenos lindantes al barrio: uno se encuentra en las avenidas Elcano y Triunvirato; y el otro en la avenida Triunvirato y la futura prolongación de la calle Teodoro García.
Los edificios tienen dos alturas, planta baja más cuatro pisos y planta baja más ocho pisos, y cuentan 71 locales comerciales en la planta baja. Además, las viviendas cuentan con calefones solares para reducir el consumo de energía y lograr un aprovechamiento inteligente de los recursos naturales.
El plan implica también la apertura de calles, la regularización dominial, el mejoramiento de las viviendas existentes, la construcción de equipamiento urbano y la intervención en espacios públicos.
La ley 5799 fue aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña el 23 de marzo de 2017 y constituye el marco legal en el que se desarrollan las obras. A través de la Ley se creó la Mesa de Gestión Participativa (MGP), en la cual los vecinos del barrio, representantes barriales y el Instituto de Vivienda de la Ciudad debaten, consensuan y avanzan con las diferentes decisiones que se van tomando en relación al proyecto.
Con respecto a las mudanzas, los edificios que construyó el Gobierno de la Ciudad, de 678 viviendas terminadas solo 400 fueron ocupadas y 200 familias quedaron sin vivienda.
Fuente: NuevaCiudad
