La Fundacion Rumbos fue invitada a ser integrante del Comité de Análisis sobre el Impacto de la Pandemia Covid-19 en la Población con Discapacidad, a través de una resolución con el numero 965/2021 publicada en el Boletín Oficial, pero su presidente rechazó el ofrecimiento y envio una carta a Fernando Galarraga, Director de la ANDIS, (Agencia Nacional de Discapacidad) para fijar posiciones, que damos a conocer a continuación:
“En respuesta a la invitación del 8/09/2021 a formar parte del Comité de Análisis sobre el Impacto de la Pandemia Covid-19 en la Población con Discapacidad de ANDIS según Resolución 965/2021 publicada en el Boletín Oficial, he decidido por la negativa con el acuerdo del equipo de Fundación Rumbos.
Formar parte de un Comité Asesor cuando el asesoramiento ya solicitado por ti en nuestra conversación telefónica de octubre 2020 fue ignorado es un sinsentido. Quiero recordarte nuestra nota de noviembre 2020 referida a Teletón reclamando respuesta a la política de la ANDIS en materia de salud y discapacidad que hasta la fecha sigue sin respuesta. Pareciera que la tan mentada transversalización de la problemática es una expresión vacía de contenido real.
Cabe recordar nuestra última conversación vía Zoom del 25 de agosto 2021 en la cual tus respuestas señalaban los tiempos lentos de la política de estado en contraposición a los tiempos urgentes del colectivo al cual debiera la ANDIS atender. También recordar como tu asesor jurídico, presente en dicho intercambio, pretendió escudarte tras burocratismos de procedimientos legales para intentar explicar el por qué el estado aún no había desistido del recurso extraordinario federal interpuesto ante la demanda iniciada por REDI con relación a las pensiones no contributivas.
Como militante histórico en discapacidad, no pienso cifrar falsas expectativas, ni hacerle perder tiempo a la organización que presido, integrando un Comité cuyas recomendaciones caerán en saco roto. Prefiero insistir en el reclamo público ante la Agencia que diriges y ante las demás estructuras estatales por la satisfacción de las necesidades del colectivo que integro como uno de los sectores más azotados por la crisis económica y pandémica que el gobierno nacional elige supeditar a razones de estado que considera más importantes y urgentes, a saber, el pago de la deuda externa y el aseguramiento de las ganancias de las clases dominantes en el país.
Atento a esta decisión política, sólo resta recordarte los ejes fundamentales que ya te he planteado en nuestros intercambios y que debieran guiar el accionar de la ANDIS. A continuación, un punteo de prioridades en discapacidad al cual adhirieron numerosas organizaciones de personas en situación de discapacidad a lo largo y ancho del país.
1.- Pensiones No-Contributivas.
– Además de restituir las pensiones no-contributivas (PNC) dadas de baja durante el macrismo, el Estado Nacional debe desistir del recurso extraordinario federal interpuesto en la demanda iniciada por REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad). Al restituir las PNC también se deberían compensar los montos no percibidos durante los meses o años durante los cuales estuvieron suspendidas.
2.- Cupo laboral.
– Instrumentar sin dilación el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público.
– Asegurar la aprobación de una ley de cupo laboral obligatorio en el sector privado, inspirada en la primera ley de cupo laboral del Frente de Lisiados Peronistas y posteriormente de la Unión Nacional Socio Económica del Lisiado (UNSEL) derogada por la dictadura, que obligaba a cumplir con un cupo laboral para personas con discapacidad en toda empresa estatal, pública o privada. Y en el caso de las privadas, sin mediar la condición de ser contratista del Estado.
– Prohibir el despido de todo empleado por motivo de una menor capacidad para trabajar debido a enfermedad o discapacidad adquirida. El empleador deberá realizar las adaptaciones necesarias en su lugar de trabajo, rehabilitar al empleado o transferirlo a otro puesto de trabajo adecuado, garantizando que los lugares de trabajo sean inclusivos (inspirado en la Ley Sueca de Protección del Empleo Nº 80 de 1982, que consiguió una tasa del 50% de empleo para personas con discapacidad, mucho más alta que en otros países).
3.- Protocolo COVID-19.
– Asegurar cobertura de obras sociales y prepagas, asistencia domiciliaria, provisión de medicamentos e insumos, agua potable para alimentación e higiene personal en villas/ asentamientos/ tomas de tierras/ barriadas/ etc.
– Instrumentar mecanismos para asegurar tanto la vacunación contra el Covid-19 así como los tratamientos en los casos de que la persona con discapacidad adquiera la enfermedad.
4.- Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El CUD es la vía de acceso a muchas de las prestaciones que fijan las leyes sobre discapacidad y la vía de acceso al ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Es inadmisible que al menos el 80% de la población en situación de discapacidad no cuente con él. Por tanto:
– Simplificar y agilizar los trámites para su obtención.
– Implementar una campaña de dotación masiva de CUD, dónde y cómo tramitarlo, y difundir las prestaciones que brinda.
– En carácter provisorio, para aquellas personas en situación de discapacidad que no cuentan aún con el CUD debieran brindarse las prestaciones ante la simple presentación de un certificado firmado por profesional médico y de trabajo social que certifique que la persona se encuentra en situación de discapacidad. La actual crisis económica y pandémica que tiende a desenvolverse de manera crónica obliga a tomar medidas extraordinarias que garanticen la supervivencia de esta población extremadamente vulnerabilizada.
5- Contratos y licitaciones.
– Incorporar la condición sine qua non de cumplir con la accesibilidad y el cupo laboral en todo contrato con organismos del Estado, ya sea que se realice mediante licitación pública o sin ella.
6- Vivienda.
– Incorporar pautas de accesibilidad en todo plan de vivienda social, (Procrear, etc.), asegurando que toda unidad funcional a construir brinde las condiciones mínimas de accesibilidad mediante visitabilidad y adaptabilidad cubriendo así necesidades actuales y a futuro de la población a medida que envejece y/o requiera la accesibilidad hogareña debido a enfermedad, lesiones, etc.
El COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de viviendas bien asoleadas, bien ventiladas, con espacios más amplios, con la posibilidad de que si alguien tiene que estar en aislamiento preventivo pueda estarlo. Hay que concebir a la accesibilidad como un factor de salud. Una vivienda accesible es una vivienda saludable.
– En este contexto, deben otorgarse subsidios y/o líneas de crédito blando (sin intereses) para realizar modificaciones imprescindibles en hogares donde actualmente habiten personas en situación de discapacidad y cuya situación económica-social no les permita solventar los gastos implícitos con los ingresos con los que cuentan.
7- Salud.
– Brindar accesibilidad en las instituciones de salud, tanto en lo edilicio como en el equipamiento, para la realización de estudios médicos (camillas regulables en altura, grúa eleva-pacientes, etc.).
– Proveer los recursos materiales y humanos para la atención de patologías habitualmente asociadas a la discapacidad en hospitales y centros de salud públicos.
– Ampliar las competencias de los profesionales en las áreas diagnósticas y de tratamiento de patologías neuromusculares.
– Incorporar áreas de diagnóstico y tratamiento de patologías neuromusculares a nivel regional.
– Incorporar equipamiento y dotaciones de profesionales en los hospitales y centros de atención primaria, revirtiendo la tendencia al vaciamiento del sistema.
– Actualizar la remuneración de los profesionales de la salud pública, incluyendo el cese en la precarización de residentes.
– Actualizar los aranceles del nomenclador, dado que se encuentran históricamente retrasados, y mantenerlos actualizados acordes a la inflación. Reintegro a las prestaciones dentro de los 30 días.
– Instrumentar la producción estatal de medicamentos y de elementos de ayuda tales como sillas de ruedas, ortesis y prótesis.
– Promover la desmanicomialización y el programa integral para externación sustentable en virtud de la Ley Nacional de Salud Mental.
8- Educación.
– Brindar accesibilidad en escuelas públicas y privadas, dando prioridad a las escuelas donde ya concurran alumnos con discapacidad. Debe entenderse por accesibilidad no sólo el ingreso edilicio sino también la circulación interna (horizontal y vertical), sanitarios y mobiliarios adaptados.
Cómo llegar hasta la escuela es tan problemático como la falta de accesibilidad del edificio:
– Asegurar itinerarios accesibles desde la casa hasta la escuela:
– Asegurar accesibilidad en las esquinas correspondientes a las manzanas de establecimientos educativos; prioridad en la construcción/ reparación de veredas y vados; medios de transporte accesible (transporte público con cronograma – articular con Secretaría de Transporte – y transporte escolar accesible).
– Soportes comunicacionales para personas en situación de discapacidad auditiva (lengua de señas/ bilingüismo/aro magnético) y ciegos (braille) [Todo lo que tenga que ser auditivo para ciegos debiera ser visual para sordos].
– Soporte pedagógico a docentes y alumnes que lo requieran.
– En las condiciones pandémicas que se atraviesan, asegurar conectividad asequible, así como computadoras personales (notebooks) a alumnes y docentes.
9- Transporte público.
Contar con transporte de pasajeros accesible es una grave asignatura pendiente en todas sus modalidades. El marco legal es insuficiente y las obligaciones del Estado y concesionarios son mayormente incumplidas.
– Garantizar la accesibilidad en los medios de transporte público, brindando continuidad entre el itinerario peatonal y el vehículo (colectivos de corta, media y larga distancia, trenes).
– Asegurar baños adaptados en estaciones de trenes, terminales de colectivos y paradas intermedias en las rutas.
– Asegurar que la información referida a recorridos, paradas próximas y paradas en las que se encuentra estacionado el vehículo, sea dada a les usuaries de forma visual y auditiva simultáneamente.
10- Cruces de rutas.
– Asegurar cruces peatonales seguros y accesibles en todo cruce de ruta que atraviese poblados, priorizando aquellos en itinerarios obligados para acceder a instituciones educativas, sanitarias, laborales, comerciales, y establecimientos gubernamentales.
11- Identificación de prioridades de accesibilidad.
– Crear instancias locales de reconocimiento de prioridades en accesibilidad conjuntamente entre la comunidad (incluyendo la necesaria participación de organizaciones de personas con discapacidad y de organizaciones de jubilades/adultes mayores), organismos de gobiernos, profesionales del diseño, y entidades especializadas en la temática.
Este punteo de prioridades no pretende cubrir el conjunto de aspectos que configuran la discapacidad como problemática social, sino enfocar en aquellas que deben ser atendidas con la mayor de las urgencias. No son planteos novedosos, sino que retoman reclamos históricos del sector, actualizados a la luz del contexto actual de pandemia.
Al respecto, y no habiendo recibido respuesta al presupuesto estimado por la ANDIS para 2021, nos interesa que nos informes qué presupuesto para 2022 han estimado teniendo en miras la impostergable necesidad de revertir el repliegue estatal de la gestión macrista en lo atinente a personas en situación de discapacidad.
Sin más, y a la espera de tu respuesta a cada uno de los 11 puntos enumerados previamente y al presupuesto previsto para 2022”
Nos despedimos cordialmente,
Presidente, Fundación Rumbos
