En la Legislatura porteña fue presentado, la semana pasada, el proyecto de ley “Impulso a la Economía Social y Popular”. El mismo fue elaborado por el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, cuya titular es la ministra María Migliore. El objetivo es brindar herramientas para fomentar los emprendimientos laborales en los barrios populares.
Impactará sobre unas 500 mil personas de la Capital Federal. Se persigue el fin de colaborar en la mejora de la organización de las bases de la actividad productiva en los barrios populares. Una manera de generar puestos de trabajo y su sostenimiento en el tiempo, con el aporte de apoyo para el desarrollo de los emprendimientos que necesitan de sustento a través de ayuda financiera, técnica y de alivios impositivos. La ley contempla los incentivos de beneficios en ese sentido. Una forma de reducir las cargas que obstaculizan los emprendimientos. Potenciará a muchas personas para que puedan crecer y convertirse en creadores de fuentes de trabajo para disminuir la desocupación.
La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, lo define muy claramente, con estas palabras:“Presentamos en la Legislatura el proyecto de ley de Impulso a la Economía Social y Popular. Estamos convencidos de que la mejor política social es el trabajo y de que la inversión social debe ser en clave económica y productiva”.Un concepto que debería replicarse en todos los ámbitos. Es la llave para solucionar muchos de los problemas estructurales de nuestro país. Recuperar puestos de trabajo. Más trabajo significa menos planes y escalar socialmente a nivel individual y comunitario. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, lo dice de esta manera: «Estamos convencidos que el trabajo es la principal herramienta para el progreso. Y en la Ciudad hay miles de familias con energía y voluntad para emprender un negocio, abrir un local o comenzar un emprendimiento. Cuando promovemos el desarrollo productivo de un barrio, contribuimos a que crezca la Ciudad. Los vecinos necesitan y quieren trabajar y nosotros queremos acompañarlos y garantizar que haya más oportunidades. La Ley de Economía Social y Popular es un paso más hacia una Ciudad igualitaria».
Esta propuesta se viene trabajando desde el año pasado y se presenta en estos momentos en que la economía popular y social está más castigada que nunca por los efectos producidos por la pandemia extendida a lo largo de siete meses. Durante los cuales se ha empobrecido aún más a la población en general y con más intensidad a los más vulnerables. Son incentivos y herramientas que van a facilitar el crecimiento y apuntalamiento de los pequeños emprendedores para que puedan crecer y estabilizarse. La iniciativa, incluye como punto de partida, la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social. Allí serán registrados los sectores de la Economía Social y Popular que necesitan del impulso para consolidarse y crecer.
Han detectado a siete sectores que funcionan por debajo de sus posibilidades. Algunos, desde la informalidad. Otros con difícil acceso al financiamiento. Lo que les impide aumentar su potencial. Todas esas fallas les limitan el ingreso a las cadenas de comercialización para mejorar sus ventas y producir más. En otras palabras, necesitan una mano que los ayude. “Un empujoncito al carro”. Para poder salir del estancamiento y evolucionar. Eso se traduce que, al mejorar estos parámetros, generan más ingresos y eso termina provocando vacantes de puestos laborales.
Migliore lo describe de esta forma: “Estamos planteando un cambio de paradigma focalizado en impulsar el desarrollo productivo. Es necesario construir un marco normativo que acompañe a las trabajadoras y a los trabajadores populares que permita reconocer el valor que producen, achicar las brechas de desigualdad y generar desarrollo de abajo hacia arriba”. El relevamiento realizado para este proyecto, detectó que hay siete sectores que pueden resultar beneficiados por este plan. Ellos son: textil, alimentos, logística, cuidados, economía verde, construcción y comercio.
Las medidas a implementar son las siguientes: Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, la inscripción en él, facilitará poder participar como proveedores del Estado, partiendo de los estímulos para fortalecer el desarrollo autónomo. Acceder al financiamiento con líneas de crédito del Banco Ciudad creadas para tal efecto. Un fideicomiso con fondos público-privados para proyectos productivos de individuos y Unidades Productivas de la Economía Social y Popular. Beneficios impositivos para la formalización laboral como parte del crecimiento. Exención de ingresos brutos por un plazo de hasta tres años. Termina la ministra Migiore con otra de sus definiciones: “Este proyecto de ley es una primera iniciativa para reconocer el valor de la Economía Social y Popular, derribar algunas de las barreras estructurales que enfrenta, potenciar su valor productivo, organizar las bases de su actividad e incorporarlas al ecosistema económico de la Ciudad”.
Por Francisco Grillo
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